La situación del campo en España: sequías, inundaciones e incendios causan pérdida de cosechas

Luisondome

La situación en España

En España llevamos unos años en los cuales “la pertinaz sequía” (que diría aquel que construyó muchos pantanos), no para de causar estragos en las economías de agricultores y ganaderos. “Si la cosecha del año pasado fue bastante mala, la de este año es aún peor”, son palabras de José Roales, responsable del sector del cereal de la Coordinación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). 

El sentimiento es generalizado dentro del sector agrícola; debido a la sequía, este 2023 se cosechará entre un 80% y un 90% menos de cereal, entre un 50% y un 60% menos de aceituna y entre un 50% y un 70% menos de almendra, según los cálculos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y aquí no están incluidas las perdidas de cosechas por las inundaciones.

Los agricultores se encuentran en una situación “crítica” tras dos malas campañas consecutivas, según UPA. La ausencia de lluvias durante la primavera ha afectado especialmente a cereales, frutos secos y, en general, a los cultivos tradicionalmente considerados de secano, es decir, aquellos cuyo “aporte de agua para las plantas depende exclusivamente de las precipitaciones atmosféricas”, según la definición aportada por el Ministerio de Agricultura y Pesca.

En el caso de los olivares, la sequía ha jugado un papel clave en la bajada de la producción y, con ella, en la inflación del aceite. En una campaña media se recogen en torno a 1.350.000 toneladas de aceitunas, este año se prevé recoger 660.000 toneladas, igual que el año pasado, es decir, en dos campañas se va a recoger lo que se debería cosechar en una.

Los cereales de grano han sido otros de los productos más afectados. En España se recogen alrededor de 21 millones de toneladas de cereales de grano, según la media de producción alcanzada durante los años 2015-2019. Es el sector con mayor base territorial y con distribución a lo largo de todo el territorio. La cosecha nacional de cereales 2020 (campaña de comercialización 2020/21), se estimó en 25,4 millones de toneladas, un 33,4% más que la campaña anterior y un 26,1% más que la media de las últimas cinco campañas, y que puede consultarse en el informe de Superficie y Producciones de Cultivos del Ministerio de Agricultura y Pesca. Hoy se estima que debido a la sequía provocada por el cambio climático, en 2023 se recogerá entre un 80% y un 90% de cosecha menos que un año normal.

En lo que a las almendras se refiere, se estimaba a principios de junio que este año se recogería una cosecha en torno a las 120.633 toneladas de almendra-grano para esta campaña, un “49% más de cosecha que la media de los tres últimos años”, pero “no ha habido lluvias suficientes como para que los árboles hayan producido lo que se esperaba y ahora se empieza a detectar descensos de entre un 30% y un 50% con respecto a las previsiones, por lo que se espera una cosecha en torno a la media de los años anteriores”, comentan desde COAG.

Otro tanto pasa con el viñedo, con las frutas o las hortalizas. Por  la sequía y las inundaciones, en numerosas zonas del país se han perdido las cosechas. Al menos el 80 % del campo español está muy afectado por la falta de precipitaciones y hay pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. El problema es que la situación va empeorando a medida que pasa el tiempo y la sequía se está dejando sentir también en los cultivos leñosos, como el viñedo y el olivo, en la ganadería en extensivo, que se queda sin pastos, y hasta en la apicultura.

La situación por Comunidades Autónomas

• En Andalucia se prevé que dejen de plantarse el tomate de industria y las zanahorias, los brócolis y las coliflores, además del algodón. A ello hay que sumarle que el cereal se da totalmente por perdido, que el girasol tendrá una producción muy limitada y que las leguminosas se encuentran en situación crítica. 
• Cataluña es otra de las comunidades donde hay problemas, pues las comunidades de regantes ya están estableciendo limitaciones y los agricultores se temen de que la dotación por cultivo sea insuficiente para poder obtener los rendimientos normales. 
• Lo mismo sucede en Castilla La Mancha, donde el 100 % de cultivos y zonas se encuentran en situación de sequía. 
• En Madrid se cree que si no llueve en breve, se van a perder todas las cosechas de cereales de invierno. 
• En la Comunidad Valenciana, donde los cultivos de regadío tienen problemas por el alto coste que tiene el agua y los acuíferos empiezan a estar comprometidos por la alta salinidad que presentan.
• En las comunidades del norte, Navarra y La Rioja, están teniendo problemas con el agua. En la primera de ellas, los embalses están al 60 %, cuando a estas alturas deberían estar al 85 %. Y en la segunda han tenido que empezar a regar el cereal, algo que no hacían. 
• En Murcia la situación es extremadamente grave y el cereal se encuentra perdido, mientras que en los cultivos leñosos los agricultores temen ya por la supervivencia de los árboles. No se salva ni la ganadería extensiva, que algunos han decidido abandonar poniendo a la venta sus explotaciones. 
• En Extremadura se ha perdido ya el 90 % del cereal, mientras que en la dehesa de Badajoz apenas hay pasto para alimentar al ganado.
• En Galicia, lo mismo que en Asturias, Cantabria la situación es mucho mejor. El agua embalsada esta a un 67,1% de su capacidad total, y de momento no hay restricciones. Solo en algunos municipios de la provincia de Ourense tienen recomendaciones de consumo responsable y el Ayuntamiento de Amoeiro también ha prohibido llenar piscinas, lavar coches o regar céspedes.
• En el Pais Vasco, tanto el regadío como el secano se ven afectados por la falta de agua que ya provocó el año pasado una merma del 30% en las cosechas de grano. En la ganadería la pérdida de producción de hierba en relación con un año normal podría alcanzar el 50%, agravada por la situación negativa de mercados cercanos como Navarra, Aragón o Lleida, y los altos precios en mercados internacionales.
• En Castilla-León, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, tilda de «cabrón» al mes de abril, y recuerda que para el sector el año 2017 fue «catastrófico», el 2019 y 2022 «malo» y este puede ser «malo o muy malo». En lo que vamos de año en Castilla y León han caído entre 70 y 75 litros de agua por metro cuadrado, que es la «llave» para contar con una buena campaña, han caído entre 3,4 y 5 litros por metro cuadrado. «Con esta pluviometría y las heladas de mediados del mes de abril parece mentira que el campo aguante».
• En Aragón, se han cumplido los peores presagios para su campo. En lo que va de año apenas se han registrado precipitaciones, lo que desencadenado en una situación catastrófica en el cereal, la ganadería extensiva y la apicultura. La sequía asfixia ya al 70% de la superficie cultivada de la comunidad, con unas pérdidas irreversibles en unas 600.000 de hectáreas de cereales de secano en tierra áridas (trigo, cebada, avena o centeno), según las estimaciones realizadas por la organización agraria UAGA-COAG. Esto se traduce en un quebranto económico ya irreversible que ronda ya los 1.000 millones de euros, pero que podrían llegara a entre los 1.500 y 1.800 millones si la escasez de agua sigue persistiendo a lo largo del año
• En Baleares, la sequía el calor extremo y la presión turística, abocan a las Islas a un  verano de cosechas e incendios si no llueve pronto, en cuyo caso se perderían hasta el 70% de las cosechas de cereales. La isla mas afectada es la de Ibiza, en la que solo se cosechará el 30% de la siembra porque el resto no merece la pena el esfuerzo de recogerla.
• En las Islas Canarias, la sequía reduce las reservas de agua en las presas canarias a menos del 16% de su capacidad. Los embalses de Soria, Ayagaures y Fataga están vacíos y el de Chira baja a menos del 9% del volumen. Si no llueve pronto, Canarias estará ante un grave problema, pues amenaza con acabar con el agua de riego de los campos. En las Islas  este año ha llovido menos del 75% de lo normal, y el cambio climático no perdona, curiosamente, donde ha llovido más de lo normal en lo que llevamos de año es en las islas mas secas de Fuerteventura y en el sur de Lanzarote. Los productos más afectados son aquellos que se encuentran en las medianías -se cultivan por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar-, pues son muy sensibles a la escasez de lluvias y a las altas temperaturas. En especial, la sequía ha afectado en Canarias a las producciones de papas, viña y los frutales de hueso.

Resumiendo, y de cara al próximo futuro: en el momento actual, se dan prácticamente por perdidas las cosechas de cereales de secano (trigos y cebadas) en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia y en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León. Los cultivos leñosos como frutos secos o viñedos de secano también han tenido serios problemas de brotación y la situación del olivar puede complicarse si no hay precipitaciones en las próximas semanas. De hecho, se asume que los frutos secos de secano que se cultivan en Murcia, Almería, Granada y Jaén se van a perder, aunque alguna variedad tardía podría salvarse.

En el regadío también preocupan las restricciones en la dotación de agua. Las concesiones se están dando a cuentagotas. En toda la Confederación del Guadalquivir sólo se puede realizar el 12% del riego habitual. Es muy poca agua. Las cosechas van a estar muy por debajo de lo normal porque no se ha podido regar todo la planta necesita. Esta situación está golpeando especialmente a los cítricos y las frutas de hueso como el melocotón, la nectarina, los albaricoques y las cerezas.

También mermarán las siembras hortícolas y las de verano como el brócoli, la coliflor, el tomate, las zanahorias, las sandías y los melones entre otros, y muchos agricultores también optarán por reducir la superficie de maíz, girasol, arroz y algodón. 

Las legumbres se encuentran igualmente en una situación crítica. Pero los riesgos para las cosechas no sólo se limitan a la primavera y el verano. Los árboles necesitan ya riego para poder tener producción en la próxima campaña y están peligrando cultivos de invierno como la remolacha, los ajos y las cebollas.

La ganadería extensiva, principalmente la cabaña ovina y caprina, es la otra gran perjudicada por la sequía. Si no llueve, no hay pastos para poder alimentar a los animales y esto obliga a que los ganaderos tengan que recurrir a la compra de pienso y forrajes para mantener a sus animales. Además, como ese pienso se fabrica con cereales y en España no están creciendo, no queda otro remedio que importarlo, lo que dispara su precio. Por ejemplo, la alfalfa, que es el forraje más usado en la ganadería intensiva, cuesta ya 40 céntimos el kilo, el triple de lo normal. En consecuencia, ya se están sacrificando muchas cabezas de ganado, y algunas explotaciones incluso podrían verse abocadas a cerrar.

Los apicultores atraviesan una situación muy similar. La falta de vegetación y floración en los montes impide que las abejas puedan alimentarse y producir miel. Y con esta, sería la tercera campaña sin cosecha para estos profesionales.

Desde un punto de vista económico, la sequía ha recortado en un 16% la producción agroalimentaria española, lo que aumenta la presión sobre los precios.  El impacto en nuestro PIB ha sido de 3,5 puntos entre 1980 y 2019, según el BCE, con daños colaterales en el sector energético y el turístico, causando este año unas pérdidas que de Enero a Abril se elevan a casi 10.000 millones de euros, que serán mucho mayores si no llueve pronto.

La gran pregunta que se plantean todos los consumidores es: ¿Esta reducción de la producción irá ligada a un incremento de precios? El sector agroalimentario prefiere no aventurarse a hacer predicciones, y si bien espera que los consumidores no experimenten nuevas subidas, lo mas probable es que si las haya.

Pero el Cambio Climático no solo está afectando a la agricultura y a la ganadería. Afecta a la vida de las personas. Muchas regiones españolas han sufrido olas de calor, incendios, falta de agua para beber, e inundaciones.

Temperaturas anómalas y olas de calor: temperaturas letales para la salud

La ciencia deja claro lo que este año 2022 ha confirmado: que el calentamiento global provoca olas de calor más frecuentes y más peligrosas. Se estima que más de tres mil millones de personas vivirán en lugares con "temperaturas “casi inhabitables” para 2070.

La definición de la AEMET de “ola de calor”, basada en la ciencia y en los datos, así como los registros y estudios que realiza, deja claro que cada vez se producen más olas de calor, más duraderas y más intensas. Las olas de calor en España en este 2022 han sido las más largas (un total de 41 días), las que han afectado a más provincias a la vez (44 de las 50 provincias), y las más intensas (anomalía de +4,5 ºC) de toda la serie histórica desde 1975, con récords de temperaturas máximas en muchas provincias.

Estas olas de calor provocan impactos en nuestra salud (problemas mentales, del sistema nervioso y mortalidad), en la agricultura (pérdidas de cultivos), en la ganadería (muerte y estrés físico animal), en nuestros bosques (en riesgo de incendio extremo que ya estamos viendo), en nuestros ecosistemas (deterioro y pérdida) y en las reservas de agua (merma o desaparición), entre otros. En 2022, más de 4.700 personas fallecieron en España, con un incremento muy superior a la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura. Solo durante el verano de 2023 han fallecido más de 2.000 personas en España a causa de las olas de calor y las altas temperaturas.

El agua, un recurso del que depende la vida: escaso, contaminado y mal gestionado

A pesar del espejismo de las últimas lluvias, las reservas actuales de agua embalsada apenas superan el 35,7 % (esta semana). El año hidrológico 2021-2022 ha sido uno de los tres más secos de la serie histórica. Se cierra marcado por olas de calor intensas y con precipitaciones que han sido un 25 % inferiores a la media. Las reservas de agua embalsada son las más bajas en los últimos 27 años.

Actualmente, las Comunidades de Andalucía y la parte de Catalunya, donde se concentra el 80 % de su población están en situación de alerta por sequía, con restricciones de uso de agua.

Sin embargo, la falta de agua se debe a otros factores. Además de la sequía agravada por el cambio climático, las políticas de un recurso tan vital como este hace que más del 80 % del agua se destine al regadío intensivo e industrial en detrimento de la agricultura más tradicional y familiar y pone en riesgo el consumo humano. Poca agua, mal gestionada y contaminada como viene denunciando Greenpeace hace años.

Según los datos de la AEMET, el presente otoño pasará a ser uno de los dos más cálidos de la serie histórica. La temperatura media ha sido superior a 16 ºC, algo que solo se había registrado en 1983.

En cuanto a las precipitaciones, a nivel peninsular estamos ante un otoño seco, con un 25 % menos de lluvia de lo normal a finales del pasado mes de noviembre. Sin embargo, durante los 12 primeros días de diciembre llovió más del doble de lo normal en buena parte de la península, según la AEMET, e incluso más del triple en zonas de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Grandes incendios forestales: la amenaza en forma de llamas

No es casual que un mal año de sequía sea un mal año de incendios. Sin olvidar que el 95 % de los incendios tienen origen humano, un territorio más caliente, más seco y por tanto más inflamable es el escenario perfecto para que ocurra un incendio de alta intensidad.

2022 ha sido el peor de los últimos 28 años. Aun con casi el mismo número de incendios este año (10.000) en comparación con la media del decenio y con una extinción exitosa (69 % de los incendios quedan en una hectárea), en 2022 se han quemado 268.000 hectáreas, el triple de lo que se quema de media en los últimos años, con 56 grandes incendios forestales, responsables de más del 80 % de la superficie quemada. Incendios ingobernables que escapan a la capacidad de los operativos. Un ejemplo de estos incendios históricos es el de Losacio (Zamora), con 30.000 personas desalojadas, cuatro personas fallecidas, 90 personas heridas, miles de hectáreas de alto valor ambiental afectadas, pérdidas de infraestructuras y de medios de vida de la población rural. Tras las llamas, las consecuencias negativas de los incendios continúan por largo tiempo, como la contaminación por arrastre de cenizas que afecta a los ríos y sus recursos pesqueros como el marisco, y sobre todo por la restricción del consumo de agua potable por contaminación de cenizas.

Los estudios siguen confirmando que esta temporada extrema de incendios forestales que se ha producido en 2022 en los países del suroeste de Europa podría ser la «nueva normalidad» en los próximos años como consecuencia de los efectos del cambio climático.

Solo en los tres primeros meses de 2023, en España ardieron 46.200 hectáreas de bosque. Hay menos incendios, pero estos son mucho mas grandes. Según WWF, la sequía y una ola de calor temprana en mayo a finales de marzo se produjo en el Alto Mijares (Teruel y Castellón) el primer GIF (Grandes Incendios Forestales) del año 2023 con un comportamiento del fuego absolutamente atípico para esa fecha del año, al igual que el incendio de las Hurdes y Gata que dejaron cerca de 11 000 hectáreas quemadas a mediados en mayo. Hasta el 18 de junio de 2023, se han producido en España 14 GIF, cinco veces más que durante la media del último decenio. 

Danas, inundaciones: llega el agua de manera torrencial

En España, hay 5 millones de personas que viven en zonas inundables (10 % de la población). 

La ciencia prevé que el cambio climático provoque una mayor frecuencia de lluvias torrenciales, así como una subida del nivel del mar y, por ello, aumenta el riesgo de inundaciones. Lejos de hablar de la crudeza de la naturaleza, hay que recordar las actividades humanas que generan el riesgo de inundación: como la mala ocupación del suelo, es decir, asentamientos en zonas inundables y la alteración de las dinámicas costeras (destrucción de ecosistemas, alteración de la recarga natural de playas, sobre-explotación de acuíferos, etc), forman parte de la causa de los daños producidos por las inundaciones.

Los meses de sequía que se alternan con temporadas de grandes aguaceros, comienzan a ser una normalidad en el calendario de eventos, tanto que las compañías aseguradoras están comenzando a incluir cláusulas para no cubrir desperfectos por inundaciones. La gota fría del 1 de septiembre de 2021, de tan solo un día, tuvo indemnizaciones por valor de 78 millones de euros. La del  13 septiembre (13 días), 99 millones de euros. Sin olvidar las 300 personas en España fallecidas en inundaciones en los últimos 30 años.

El mejor plan de rescate: la protección del clima y la biodiversidad

El cambio climático explica el agravamiento, no el origen de eventos extremos, como queda recogido en la propia Estrategia Nacional de Protección Civil, que describe los riesgos clave en España. El pasado 24 de octubre se aprobó el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de desastres Horizonte 2035 que tiene como eje fundamental la mejora de la prevención y respuesta a las crecientes amenazas de todo tipo vinculadas al fenómeno del cambio climático con el Proyecto «Municipio seguro» para abordar la autoprotección.

Hasta ahora hemos visto lo que sucede en España. Pero, ¿que repercusiones tendrán estas anomalías climáticas a nivel global?

 La situación global

Globalmente podemos hacer balance de los impactos agravados por el calentamiento global y por la pérdida de biodiversidad, que representan una amenaza clara a la que nos enfrentamos, no solo en España, sino en todo el planeta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) confirmó el pasado abril que la mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas durante la última década fue 15 veces mayor en los países muy vulnerables que en los de muy baja vulnerabilidad. Aun así, no hace falta ir a latitudes más lejanas para confirmar el aumento de vulnerabilidad de la población, ya que la región mediterránea es donde se está apreciando con mayor rapidez el impacto del calentamiento global.

La única forma de frenar el calentamiento global es dejar de emitir gases de efecto invernadero, que provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles. Por ello, la medida más efectiva para reducir los impactos del cambio climático es que España aumente su objetivo de reducción de emisiones de efecto invernadero desde el actual objetivo del 23 % hasta por lo menos un 55 % en 2030 (con respecto a 1990). Sin embargo, el pasado 20 de noviembre finalizaba la COP27 de cambio climático, en la que se ignoraron las peticiones para incluir el abandono progresivo de todos los combustibles fósiles responsables de las emisiones. La forma de reducir nuestras emisiones está clara y además proporcionará más ventajas al conjunto de la población que seguir con el sistema tal y como está ahora. Frenar la crisis de pérdida de biodiversidad es igual de urgente que frenar la crisis climática y, además, las medidas de protección de la biodiversidad son esenciales para frenar ambas crisis. Por ejemplo, proteger ecosistemas naturales como los océanos, pastos, bosques, corales o turberas, así como su uso de forma tradicional y sostenible, es imprescindible para mantener su papel clave en el ciclo del carbono y así reducir el calentamiento global.

“Tenemos el plan de rescate para la humanidad con soluciones climáticas y de protección a la biodiversidad. Necesitamos voluntad política para priorizar un planeta seguro por encima de intereses particulares. No tiene sentido hablar de municipio seguro cuando se incumplen planes preventivos, cuando no se reducen las emisiones, se edifica en zonas inundables o se extrae agua para regadío intensivo mientras se restringe el uso de agua para la población. Esto sale caro y es peligroso”, dijo Maria José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace.

Para reducir la vulnerabilidad de la población será necesario abordar el grado de exposición (la probabilidad de que la población sufra ese evento), su capacidad de intervención y la susceptibilidad.

Al igual que la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático implica a toda la sociedad, desde el ámbito individual hasta las instituciones privadas y públicas, teniendo claro que las administraciones más grandes tienen la mayor responsabilidad. De igual forma, las medidas abarcan a todos los ámbitos de la sociedad y a todos los sectores económicos, tal y como deja claro el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Las administraciones públicas deben de fomentar la participación de toda la sociedad en la evaluación, planificación y ejecución de estas medidas, tanto para la población afectada, como para las instituciones que pueden contribuir por sus capacidades técnicas o financieras a mejorar la situación.