Las consecuencias (en algunos casos no previstas) de los daños producidos por los desastres naturales

Desastres Naturales

David Ramos/Getty Images

Desde el pasado martes, una DANA (depresión aislada en niveles altos), también conocida como "gota fría", viene asolando el este y el sur de España, especialmente zonas de Levante, Albacete, Cuenca, Almería, Málaga, y hoy está azotando la costa onubense, Cadiz, Baleares y sur de Cataluña. El fenómeno se genera cuando una masa de aire frío en altura entra en contacto con otra masa de aire caliente más cercano a la superficie y produce como resultado una descarga masiva de precipitaciones. Es un evento que se produce de manera cíclica en la zona levantina, pero en esta ocasión ha descargado lluvias torrenciales en otras partes de la geografía española, con medidas de hasta 445,40 litros/m2 en el pueblo de Chiva, la mayor cantidad en 24 horas desde 1996. En el momento de escribir este post, se habían registrado 205 fallecidos (202 solo en la Provincia de Valencia) mientras que decenas de personas seguían desaparecidas.

Los destrozos causados por la DANA en estas regiones, son descomunales y extraordinarios, afectando a infraestructuras y bienes de las personas, además de haberse llevado por delante una gran cifra de víctimas. Afortunadamente, si bien numerosas empresas se vieron afectadas por las inundaciones, teniendo que paralizar su actividad, la DANA no afectó a industrias que trabajan con materiales peligrosos.

En España el Ministro del Interior ostenta la superior autoridad en materia de Protección Civil y cuenta con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, como órgano directivo de asistencia al titular del Departamento.

En la constante evolución del Sistema Nacional de Protección Civil, es la Dirección General la impulsora de la planificación y de la coordinación entre los distintos actores implicados en materia de Protección Civil, tanto de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos como de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y también de los organismos supranacionales e internacionales, aportando en su caso medios útiles para la gestión de emergencias importantes o cuando exista una alta probabilidad de que éstas se produzcan.

El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de Protección Civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente a través de las siguientes actuaciones:

Anticipación

La anticipación tiene por objetivo determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.

Prevención

Comprende el conjuto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia.

Planificación

Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de prevención del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.

Area afectada en la zona de Valencia

Respuesta inmediata

Es la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

Recuperación

Conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.

Evaluación e inspección

Se aplicará a todas las actuaciones del Sistema Nacional y la llevarán a cabo las Administraciones Públicas competentes de acuerdo a las directrices elaboradas por el Consejo Nacional de Protección Civil.

Las actuaciones del Sistema se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Los ciudadanos y las personas jurídicas podrán participar en el Sistema en los términos establecidos en la ley.

Esta es la respuesta a las catástrofes que las Administraciones Públicas pretenden dar. Pero la respuesta que vimos dieron las Administraciones ante la reciente DANA, dejó mucho que desear.

Si lo vemos por partes, en lo que se refiere a la Anticipación, esta no se dio. Los primeros pronósticos de la agencia de meteorología llegaron el miércoles 23, seis días antes del desastre, aunque es cierto que reconocían un nivel de incertidumbre alto.

A las 06:42 de la mañana del Martes 29, la AEMET lanza un aviso naranja por fuertes lluvias en varias zonas de la provincia de Valencia. El aviso se actualiza a las 07:37 elevando el nivel a rojo en el interior norte de la provincia, donde la DANA descargaba ya con intensidad.

A las 09:48, se lanza el aviso rojo a todo el litoral de Valencia, seguido 12 minutos más tarde de una alerta de nivel rojo emitida por Emergencias de la Generalitat.

A las 11:30, se desborda el barranco de Chiva, cuyas aguas confluyen con las de otras ramblas y barrancos en el barranco del Poyo, también conocido como barranco de Torrent.Todo ello hizo que los padres se tuvieran que movilizar para recogerlos cuando ya la alerta roja estaba declarada.

Tampoco hubo Prevención alguna, una preparación previa que pudiera minimizar los daños en las zonas de mas riesgo. Si existen Planes de Protección Civil, pero estos no parecen haber sido aplicados por las autoridades, quizás porque las decisiones las toman los políticos en vez de los expertos.

Y si hablamos de la Respuesta Inmediata, pues los responsables salen muy mal fotografiados. Las fuerzas de seguridad, de emergencias, y la UME, no fueron requeridas con la indispensable prontitud, hasta el punto de que a servidores públicos como policías y guardia civiles se les impidió desplazarse a la Zona Zero para ayudar.

Veremos después lo que sucede en el tiempo de Recuperación de los daños sufridos por la población civil y por las infraestructuras, y que me temo será largo. La burocracia y la tardanza en la toma de decisiones, algo habitual en las administraciones públicas, se encargarán de que así sea.

Las actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil se rigen por los principios de colaboración, cooperación, coordinación solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Así debe de ser, pero no siempre se cumplen debidamente.

Ante situaciones catastróficas: ¿Puede mejorarse la prevención y las alertas?

La respuesta es clara y rotunda: SI. El disponer de planes de contingencia ante emergencias, y especialmente ante emergencias climáticas, es el elemento imprescindible para enfrentar los desastres causados por estas catástrofes, pero además estos planes deben de estar actualizados en todo momento, pues las circunstancias cambian, también por los efectos del cambio climático, con la consecuencia de que pueden quedar obsoletos y ser insuficientes para proporcionar una respuesta adecuada a la nueva situación. Por tanto, la revisión periódica de estos planes es absolutamente imprescindible, y eso no siempre se está haciendo por parte de algunas de las administraciones responsables de la ejecución de esos planes y de sus protocolos de actuación.

España está dividida en 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas. Cada una de ellas tiene sus planes de protección civil frente a emergencias. También hay que decir que unos parecen mas detallados que otros. Hay también diferencias y desigualdades en la distribución de los medios materiales, si bien estos son cedidos por las administraciones autonómicas a otras que los necesitan en los casos de necesidad por grandes catástrofes

Un buen ejemplo: El caso de la zona costera de Huelva

La Sociedad Española de Geología publicó un estudio que simulaba la inundación provocada por un posible tsunami desde Ayamonte hasta Matalascañas. Analizaba los daños y la vulnerabilidad de Huelva y sus pueblos costeros

El estudio, realizado al alimón por un grupo de investigadores de las universidades de Atacama (Chile) y UHU (Huelva) y publicado en la Revista de la Sociedad Geológica de España, analizaba in situ las consecuencias que acarrearía a Huelva y a su zona costera la repetición de un tsunami similar al causado por el terremoto de Lisboa de 1755 que provocó miles de víctimas y una gran devastación costera. El estudio está firmado por los investigadores Tatiana Izquierdo, Manuel Abad, Joaquín Rodríguez-Vidal (UHU), Francisco Ruiz (UHU) y María Luz González-Regalado (UHU)

El trabajo barajaba el peor escenario posible elaborando una cartografía de vulnerabilidad y riesgo en los edificios con un run-up (cota máxima de inundación) de 10 metros en núcleos urbanos.

También aportó una serie de análisis: zonas de inundación, velocidad, altura de las olas, afectación de edificios, áreas urbanas dañadas, patrimonio histórico y natural destruido, polígonos industriales, Polo Químico y Energético de Huelva, que lo convierten en una herramienta adecuada para gestionar la ordenación del territorio urbano y de uso industrial. Y con ello, se mejora la capacidad de concienciación de la población, se elaboran planes de evacuación y de actuación destinados a mitigar los daños por un posible tsunami en este caso, pero que sería útil de la misma manera en los casos de inundación procedente de las riadas producidas por Danas que afectaran a los territorios del interior.

El trabajo ofrece una cartografía de vulnerabilidad desde Ayamonte hasta Huelva capital pasando por Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría y Matalascañas, y en él se recoge que todas las poblaciones, excepto Huelva, poseen un porcentaje superior al 50% de edificaciones con índices de vulnerabilidad altos o muy altos en caso de producirse un tsunami. Este estudio es un elemento esencial para prevenir daños tanto si el peligro viene del mar, como si viene del interior de inundaciones producidas por Danas como la que se produjo en Levante en estos días.

Un mal ejemplo: el caso de los EE UU. Reglas anticuadas

En los EE UU, las competencias de protección civil las tienen los Estados. La Ley Federal de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad se aprobó unos dos años después de un desastre ocurrido en 1984 en la ciudad de Bhopal, India , donde una fábrica de pesticidas propiedad de una subsidiaria de la firma estadounidense Union Carbide Corporation derramó aproximadamente 45 toneladas del peligroso gas isocianato de metilo. El gas tóxico se esparció por toda la ciudad, lo que provocó la muerte inmediata de al menos 3.800 personas . Con el tiempo, se estimó que hasta 20.000 personas murieron por exposición y medio millón de sobrevivientes sufrieron condiciones de salud adversas a largo plazo.

Según esta legislación histórica, las instalaciones de todo Estados Unidos que trabajan con cualquiera de las 794 sustancias químicas tóxicas identificadas por la EPA deben informar a los reguladores cada año sobre los datos de emisiones. Estos datos se compilan en varios catálogos, incluido el inventario de emisiones tóxicas , que incluye datos de emisiones terrestres, acuáticas y atmosféricas disponibles al público de más de 21.000 instalaciones industriales.

Sin embargo, esta ley tiene lagunas importantes, como el hecho de que no todos los contaminadores están obligados a presentar datos sobre emisiones. Por ejemplo, sectores como algunas instalaciones de recolección, tratamiento y eliminación de residuos peligrosos están exentos, y recién en 2021 la EPA añadió las instalaciones de procesamiento de gas natural a la lista de industrias cubiertas por esta norma.

También está el problema de cómo se obtienen los datos de emisiones: según la EPA, algunas instalaciones están obligadas a medir o monitorear activamente sus emisiones . Sin embargo, pocas lo están haciendo y, en cambio, muchas están calculando sus emisiones utilizando fórmulas poco confiables , según un informe de ProPublica.

Las posibilidades de Inundaciónes en Galicia

Inundaciones por precipitaciones "in situ"

Son inundaciones locales producidas por lluvias muy intensas que pueden afectar a cualquier punto del territorio, siendo las mas graves las producidas en entornos urbanos, sobre todo cuando suceden después de un periodo prolongado sin lluvia, y que se agravan cuando las cunetas, y desagües están faltos de limpieza. Si suceden en la costa, sus efectos se ven agravados por la pleamar.

Inundaciones producidas por escorrentías, avenidas y desbordamiento de cauces

Provocadas por precipitaciones, deshielos o fusión de nieve, obstrucción de cauces naturales o artificiales, invasión de cauces, aferramiento o dificultas de avenamiento y acción de las mareas.

Inundaciones por rotura u operación incorrecta de infraestructuras hidráulicas.

Es frecuente que las inundaciones se produzcan como consecuencia de una combinación de estas causas.

Concellos y Zonas potencialmente inundables (ARPSI)

Concellos gallegos que cuentan con planes de emergencia

Aunque la ley de emergencias aprobada por Gobierno gallego sólo obliga a contar con planes de emergencia a los concellos con más de 20.000 habitantes (22 en la comunidad gallega), el espíritu de la ley y la intención expresa del Ejecutivo autonómico ha sido siempre la de animar a los 315 municipios gallegos a contar, al menos, con un listado planificado de los recursos disponibles y un protocolo de actuación en caso de catástrofe. Por el momento, ese objetivo aparece lejano. En 2010, eran 32 los ayuntamientos que contaban con un plan de emergencia municipal (PEMU) homologado, poco después se aprobó el de Ferrol, y la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza tenía previsto por aquel entonces homologar una veintena más. En total, serían 52 los ayuntamientos que tendrían en 2009 este requisito cumplido, apenas el 16 por ciento del total de los municipios gallegos.

Pero, ¿Para qué sirve un plan de emergencia municipal?

Sirve entre otras cosas para fijar los riesgos a los que puede enfrentarse un concello —los naturales y los inducidos por el hombre— y dictaminar —al menos en el plano téorico— cómo hacerles frente. El sistema operativo fija la creación de diferentes grupos de acción: los de seguridad, sanitarios, de rehabilitación, logística, de intervención directa y de transmisiones. Es decir, tanto las actuaciones inmediatas como las preventivas —apuntalar edificios, por ejemplo— y las de intervención a posteriori —evacuación de personas, hospitales de campaña...—, que deberán planificarse teniendo en cuenta el listado integral de los medios y recursos municipales. A ellos hay que unir los contactos con grandes fábricas y con empresas que atienden servicios esenciales como los de agua, luz, gas y telecomunicaciones.

Inundación De Vilagarcía del 2006. Imagen: Vitor Mejuto

En el caso del Concello en el que resido, Vilagarcía de Arousa, he intentado encontrar el Plan de Emerxencias do Concello, pero no me fue posible. Quizás porque es este un tema pendiente de solucionar por parte de las autoridades municipales, y eso que no es un tema menor el de la seguridad ciudadana.

Enlaces a los Planes de Emergencias y Protección Civil