El Ulla se une a los ríos que exigen sus derechos
Contaminación
Ante la amenaza de la instalación de una macroplanta de celulosa por la empresa Altri, respaldada por la Xunta de Galicia, la ciudadanía se ha movilizado en masa para defender los derechos del río Ulla como ecosistema. Pero no solo eso: empieza a emerger una demanda profunda y audaz de democracia ambiental.
El Ulla no es el primero ni el único. En varios lugares del mundo, los ríos han empezado a reclamar su lugar en el debate político y jurídico. Ya no solo fluyen, riegan y arrastran sedimentos, también exigen derechos.
En 2024, el río Tins, en el Concello de Outes en A Coruña, se convirtió en uno de los primeros cursos fluviales europeos con una Declaración formal de derechos. Y en estos días, otro río gallego, el Ulla, se ha situado en el epicentro de una batalla política y jurídica por la vida que podría moverse en la misma dirección.
¿Y si el Ulla tuviera personalidad jurídica y voz política como la tiene el Mar Menor desde 2023? ¿Y si la ría de Arousa tuviera su propio órgano de gobernanza con un Parlamento del Río, como ya se ensaya en otras partes del mundo?
La primera declaración de los derechos de un río en España
La Declaración de Derechos del Río Tins fue pionera en Galicia, y en toda España. Nació como parte del proyecto “Renatur-Outes”, que integró instituciones locales, tres universidades gallegas, asociaciones y centros educativos, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica.
En un proceso participativo innovador, vecinos y vecinas imaginaron primero cómo querían que fuera el río en 2033, debatieron derechos para el agua, como el de fluir sin obstáculos, el de no ser contaminada o el derecho de la biodiversidad incluyéndose dentro de ella. También formularon deberes colectivos de cuidado y de respeto y compromiso de responsabilidad de los humanos.
Articulada en un trabajo concreto de renaturalización del río Tins, esta declaración no es jurídicamente vinculante, pero su valor simbólico y comunitario es inmenso. Se trata de un acto político que reconoce al río no como objeto pasivo, sino como sujeto vivo en relación recíproca con todo lo que vive.
Esta forma de declarar codependencia y corresponsabilidad profundas entre lo humano y el entorno natural genera nuevas formas de representación política compartidas entre humanos y no humanos. En 2023, España ya había dado un paso histórico: como señalábamos más arriba, el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica, gracias a una movilización ciudadana sin precedentes para revertir su extrema degradación.
Este avance pionero, conseguido gracias a una Iniciativa Legislativa Popular, incluyó la creación de un Comité de Representantes constituido formalmente a través de un Real Decreto aprobado el pasado 11 de febrero de 2025, que está encargado de su defensa y su restauración.
La composición ciudadana definitiva de este comité de gobernanza sigue pendiente de un proceso de selección que finalizará en junio de 2025, aunque ya se han formulado alertas y críticas sobre su falta de consolidación legal y su débil participación ciudadana efectiva.
Pese a estas limitaciones, el caso del Mar Menor ya se observa en toda Europa como un referente de un nuevo paradigma de gobernanza ecocéntrica, como destaca un reciente informe del Instituto Heinrich Böll.
El río Ulla y la defensa ciudadana de las plataformas “Altri NON”
En 2024, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra lanzaron un llamamiento a todos los ayuntamientos de la ría de Arousa para que reconocieran los derechos del Ulla, a ejemplo del río Tins, definiéndolos como un “dereito á vida e á existencia como ecosistema en equilibrio para continuar dando vida e benestar ás comunidades humanas e non humanas que vertebra e acolle”.
El detonante: el proyecto de la macrocelulosa de Altri en la localidad de Palas de Rei (provincia de Lugo). La oposición ha sido masiva: más de medio millón de firmas se han recogido bajo el lema “Altri Non”.
Con multitudinarias manifestaciones, la ciudadanía está exigiendo no solo frenar un proyecto contaminante, sino también redefinir el marco político de la relación entre naturaleza y sociedad.
El parlamento del río
El alcance de la Declaración en defensa del Ulla tiene el potencial para ir mucho más allá de lo ecológico porque reclama explícitamente una “forma de pleno ejercicio de los derechos establecidos en el Convenio de Aarhus en el ámbito de los derechos de participación”. Este apartado formula una demanda de derecho político: que las comunidades ribereñas participen activamente en las decisiones que afecten al río y a la justicia ambiental.
Aquí es donde el concepto de un “parlamento del río”, como institución que represente al ecosistema y articule la democracia ambiental desde lo local, podría cobrar un nuevo alcance en Galicia y en el resto de Europa. La referencia directa a los principios establecidos en el Tratado de Aarhus permite abrir una nueva etapa para la democracia ambiental, tan limitada actualmente, con una institucionalización política basada en los derechos de la naturaleza.
Los ríos con parlamento
La idea puede parecer utópica, pero ya se experimenta en varias partes del mundo. En Nueva Zelanda, el río Whanganui tiene personalidad jurídica desde 2017 y cuenta con un órgano específico de gobernanza, llamado Te Kōpuka, que reúne a representantes del pueblo maorí, administraciones públicas y otros sectores.
En Francia, se ha lanzado el Parlamento del Loira, y en Polonia, el del río Óder con proyectos de instituciones parecidas.
Desde 2022, las académicas Rita Brara y María Valeria Berros han enfatizado la necesidad de consolidar la personalidad jurídica de los ríos en el derecho moderno, proponiendo la creación de un Parlamento mundial de los ríos.
Aunque algunos gobiernos nacionales están impulsando reformas constitucionales para reconocer la personalidad jurídica de los ríos, estos esfuerzos se ven limitados por las fronteras soberanas, los intereses nacionales y la falta de poder real de las asambleas locales. Su análisis sugiere la creación de un Parlamento supranacional con autoridad regulatoria, y recalca la importancia de “otorgar nuevos significados, vida y sustancia jurídica a la noción de asamblea local como parlamento.”
Otorgar derechos a las entidades naturales implica imaginar nuevas formas de representación política y experimentar con mecanismos innovadores de participación ciudadana, capaces de incluir plenamente la voz de lo no humano en el proceso democrático. ¿Pero pueden los derechos de la naturaleza tener alguna efectividad en un momento en que nuestras democracias se tambalean bajo los asaltos del negacionismo climático y los populismos acientíficos?
Galicia como laboratorio de regeneración democrática
Galicia se está convirtiendo en un territorio clave en este proceso, porque allí el agua no es solo un recurso: es cultura, identidad y memoria. Su protección permite superar las polarizaciones políticas actuales.
Los ríos vertebran las vidas de las comunidades, y cuando son amenazados, se activan mecanismos de defensa colectiva que movilizan a ecologistas, vecinos, ancianos y jóvenes, urbanos y rurales y hasta gallegos de adopción como el reconocido arquitecto David Chipperfield, ganador del premio Pritzker en 2023, que cuestionó públicamente la validez del modelo extractivista de desarrollo para Galicia.
Este apego profundo al territorio genera una dinámica de “unión sagrada” y de consenso transversal ante una situación límite que desborda las lógicas partidistas.
Una esperanza colectiva
Al igual que en Murcia, con las masivas concentraciones del “Abrazo al Mar Menor”, la defensa del río Ulla demuestra que, frente al poder del entramado político-industrial en Galicia, las movilizaciones no solo rechazan el proyecto ecocida de Altri, sino que luchan por un modelo de sociedad democrática diferente.
Están construyendo lo que hoy es tan raro como necesario: una esperanza colectiva real, lo que el escritor Manuel Rivas define como una democracia “efectiva y afectiva”. Una esperanza con raíces profundas, con relatos, afectos, nuevos derechos y órganos de gobernanza.
Una esperanza que nos convoca a la acción, para frenar el ecocidio y abrir paso a una regeneración democrática profunda, en la que la naturaleza tenga representación plena.
Agnès Delage, Catedrática de ciencias sociales, Aix-Marseille Université (AMU); Fernando Valladares, Profesor de Investigación en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y Teresa Vicente, Directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, Universidad de Murcia
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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