Una petrolera norteamericana demanda a Greenpeace por 300 millones de dólares

Ecologistas

Protesta de Greenpeace frente a la sede de Energy Transfer

Aprovechando la llegada de Trump y los republicanos al poder y la cercanía de estos a las petroleras y gasistas, estas aumentan la presión sobre los ecologistas para evitar y en todo caso contener sus esfuerzos por limitar la producción y el consumo de combustibles fósiles

El lunes comienza el juicio en el que la petrolera estadounidense Energy Transfer ―cuyo fundador y CEO tiene estrechos vínculos con Trump― pide a Greenpeace 300 millones de dólares. Si ganan, podría suponer el fin de Greenpeace en Estados Unidos y sentar un precedente peligrosísimo para la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica en todo el mundo.

Anteriormente, Energy Transfer, que también se dedica al transporte de gas natural y propano, ha presentado varias demandas contra Greenpeace en los últimos años. Energy Transfer presentó inicialmente una demanda en un tribunal federal bajo la Ley RICO, que fue desestimada por falta de pruebas.

Posteriormente, en 2017 Energy Transfer demandó a Greenpeace y otros grupos ambientalistas, acusándolos de incitar una campaña de "ecoterrorismo" contra la construcción del oleoducto Dakota Access4. La demanda se presentó tras las protestas pacíficas lideradas por la tribu sioux de Standing Rock contra el oleoducto Dakota Access de Energy Transfer, alegando que Greenpeace orquestó toda la resistencia, sin pruebas. No es así, pero es conocido por todos que a los que contaminan no les importa la verdad 2..

Desde 2017, Greenpeace Internacional y Greenpeace EE.UU. se han estado defendiendo de demandas presentadas por Energy Transfer, relacionadas con las protestas indígenas de 2016 contra el oleoducto Dakota Access12.

Actualmente, hay una demanda pendiente de 300 millones de dólares de Energy Transfer contra Greenpeace Internacional por firmar una carta abierta junto con más de 500 personas12, y cuyo juicio comienza el próximo lunes.

Estas demandas son consideradas por Greenpeace como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública), que buscan silenciar a las organizaciones sociales y activistas mediante procesos judiciales costosos2.

Energy Transfer presentó inicialmente una demanda en un tribunal federal bajo la Ley RICO, que fue desestimada por falta de pruebas. Posteriormente, presentó un nuevo caso en un tribunal estatal de Dakota del Norte, alegando difamación y conspiración2.

En respuesta a estas acciones, Greenpeace Internacional ha presentado recientemente (el 11 de febrero de 2025) una demanda contra Energy Transfer ante un tribunal neerlandés12. Esta demanda busca por un lado poner a prueba la eficacia de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea12, y por otro lado obtener reparación por los daños y costos causados por las demandas continuas y sin fundamento de Energy Transfer12, pues Greenpeace argumenta que estas demandas son intentos de silenciar la disidencia, suprimir la libertad de expresión y limitar el poder de la sociedad civil2.

Este juicio no es solo contra Greenpeace, también contra todos nuestros valores y todas las personas que luchan por un mundo mejor. Está en juego nuestro derecho a oponernos a las grandes empresas contaminantes que destruyen el medio ambiente para su beneficio económico.

Energy Transfer quiere venganza, no justicia. Su objetivo es usar a Greenpeace como ejemplo para intimidar a todo el movimiento ecologista. Y lo más preocupante es que es muy probable que el nuevo gobierno de Trump siga respaldando a la industria fósil en su intento de silenciar a Greenpeace o a cualquiera que critique a una corporación mediante demandas abusivas, conocidas como SLAPP.

Las demandas SLAPP también están proliferando en Europa. Ahora mismo, por ejemplo, la petrolera ENI ha demandado a Greenpeace Italia para tratar de silenciar nuestras investigaciones. Otras oficinas han sufrido amenazas como esta y han sobrevivido, como la de Shell, que terminó retirando su demanda multimillonaria contra Greenpeace Reino Unido, o la de TotalEnergies contra Greenpeace Francia, donde la justicia nos dio la razón. 

El caso es que lo que no consiguen evitar con el cabildeo en Bruselas, en Washington, o en las capitales europeas lo intentan en los tribunales planteando demandas millonarias en un intento de amedrentar a quien pretenda oponerse a sus objetivos.

 Fuente: Greenpeace