La Corte Internacional de Justicia (ICJ) declara ilegal la inacción climática.

Enrique Dans

Lo que acaba de decidir la Corte Internacional de Justicia (ICJ) es tan colosal que no puede ser silenciado ni ignorado: la inacción frente al cambio climático no solo es irresponsable: además es, desde el 23 de julio de 2025, potencialmente ilegal bajo el derecho internacional.

Y esa distinción lo cambia todo. Después de décadas de informes, cumbres y excusas, la ICJ, en un dictamen histórico, declara el clima como un «problema existencial de proporciones planetarias» y establece que los Estados tienen obligaciones jurídicas reales, no simbólicas, de reducir emisiones y proteger a las generaciones presentes y futuras.

¿No lo haces? Atente a las consecuencias legales, entre ellas, la obligación de resarcir los daños a las víctimas del cambio climático en otros Estados y una responsabilidad que trasciende cualquier cortina de humo electoral o negacionista.

La sentencia pone luz sobre un principio evidente, pero torpemente ignorado durante décadas: el mundo es uno sólo, y el dióxido de carbono no conoce fronteras. Un país, por poderoso que sea, no tiene derecho a «hacer trampas», a contaminar como le venga en gana y esperar impunidad solo por no haber firmado un tratado internacional. Ni la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París bajo la presidencia de Trump (quien aún defiende políticas fósiles mientras su país arde y se inunda) exime a Estados Unidos de estas nuevas (pero en realidad, antiguas) obligaciones legales. El planeta es uno solo: lo que quemes en Ohio, mata corales en Australia, desplaza poblaciones en Bangladesh y siembra sequía en Andalucía. El cambio climático no admite muros legales ni políticos.

El dictamen de la ICJ sienta jurisprudencia: la protección del clima deja de ser una opción política o una cuestión de opinión. Ahora es un mandato jurídico, tan exigible como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura. Los Estados deben demostrar «diligencia estricta», alinear sus compromisos nacionales con la ciencia del IPCC y actualizar sus planes climáticos (NDCs) no como un ejercicio cosmético, sino como obligaciones que «deben cumplir ciertos estándares y, colectivamente, deben ser capaces de lograr los objetivos del tratado». Si no lo hacen, incurrirán en un «acto internacionalmente ilícito» que puede suponer demandas, indemnizaciones y, sobre todo, una presión moral y legal que ya está siendo abrazada por las naciones más vulnerables.

Y aquí está lo verdaderamente revolucionario: la responsabilidad no es solo entre Estados. El tribunal reconoce que las obligaciones climáticas son «erga omnes«, es decir, le deben algo al planeta entero, a la humanidad presente y futura, y sí, ese deber ya ampara el derecho humano a un entorno sano y sostenible. Esto inutiliza la coartada de los negacionistas, tanto los de voz aflautada en foros internacionales como los que, subiéndose al atril presidencial, prometen «volver al carbón” o ridiculizan la emergencia climática como si el planeta fuera su finca privada.

¿Y ahora? ¿Quién obligará a los reincidentes como los Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, los patriarcas del petróleo políticos y empresariales, etc. a cumplir la ley climática? El texto de la ICJ no olvida a los que intentan escudarse bajo el argumento de que «no son parte del tratado». La corte establece que la obligación de proteger el clima también emana del derecho consuetudinario internacional: ningún Estado puede alegar desconocimiento ni reclamar inmunidad. Ni Trump ni ningún negacionista de turno puede esconderse tras la frontera legal de su país. El reto, por supuesto, será la voluntad política para construir mecanismos de cumplimiento y presión internacional, desde el boicot diplomático hasta las sanciones y la diplmacia ciudadana global.

Este dictamen es, en palabras del activista climático Vishal Prasad, «una línea de vida para las comunidades del Pacífico, y una oportunidad para proteger todo lo que apreciamos». Es la consagración en derecho internacional del grito de la sociedad civil: el planeta es uno y lo que hace un país nos afecta a todos.

Estamos ante una oportunidad histórica, quizá la última, para transformar la justicia climática en un verdadero imperativo. No se trata solo de convencer a los convencidos: se trata de forzar la acción de los negacionistas y de quienes, por cobardía política o interés económico, han perpetuado la emergencia planetaria. El dictamen de la ICJ nos aporta la legitimidad que la política y la economía han negado durante décadas. Ahora, no solo podemos exigir. Podemos obligar. La pregunta incómoda ya no es «qué estamos dispuestos a votar». Ahora es: ¿quién está dispuesto a desobedecer al planeta, y enfrentarse al mundo entero, en nombre del negacionismo? Porque la ley, al igual que la física y la química del clima, ya no admite excusas.